martes, 27 de octubre de 2020

El techo de gasto bueno y el malo

 El 'techo de gasto' es uno de esos conceptos políticos que, al igual que 'recortes' o 'abaratamiento del despido', levantan la ira de la izquierda. Se refiere este concepto a la fijación de un límite de gasto por parte del Estado que, en el caso de España, fue introducido en la Constitución en septiembre de 2011, a petición de las autoridades europeas (que eran la que nos estaban prestando el dinero en esos tiempos de crisis).

Cuesta comprender que haya gente que vea esta imposición de un límite al gasto como algo malo, cuando muchos de ellos seguro que se cuidan a final de mes de no tener saldo negativo en su cuenta corriente. Es decir, de no gastar más de lo que ingresan.

De igual manera que existe hipocresía entre los que ven como algo malo el techo de gasto para el Estado pero no para su presupuesto familiar (es curioso que en alemán la palabra 'Haushalt' significa presupuesto, pero también 'hogar'), hay un cierto fariseísmo entre los que ven ciertos límites de gasto del Estado como buenos, y otros como algo malo.

Vayámonos a Francia a finales de 2017. Un senador de Los Republicanos (derecha) introdujo una enmienda al denominado 'Dispositivo Pinel', una especie de plan de alquiler de viviendas, gracias a la cual el Estado garantizaría un límite del 5% de comisiones de intermediarios en la venta de inmuebles para fines de alquiler social. Hasta entonces, los intermediarios habían estado 'trincando' hasta un 15-20% en estas operaciones inmobiliarias subvencionadas por el Estado.

Es esto un techo de gasto? Me da a mí que el votante medio de izquierda diría que no, que sería un límite a las comisiones de los buitres neoliberales. Pero lo cierto es que el Estado, o al menos el senador en este caso (el ministro de Macron no había firmado el decreto enmendado casi seis meses después de la corrección) había evitado, con este cambio, que el gasto social se disparara por el abuso de empresas privadas que dependían diretamente del Estado francés.

Digo esto porque una cantidad importante del 'gasto social' en España es externalizado o administrado muchas veces a empresas privadas -y si no es así, es al final la administración pública la que se hace cargo de esa tarea, requiriendo más recursos y personal.

Pero es que no salimos del concepto y el mantra.